VERITAS FILIA TEMPORIS

LAS CONTRADICCIONES DE GARZÓN....

2012-02-09T14:16:00.000-08:00

Hiperactivo, omnipresente, incluso poseedor de un gran atractivo mediático, juez Baltasar Garzón (y su meteórica carrera) se ha enfrentado con un inesperado ocaso. Este jueves 9 de febrero, el Tribunal Supremo de España, ha sentenciado de manera unánime al otrora juez estrella a 11 años de inhabilitación, por ordenar la intervención de las comunicaciones que mantuvieron en prisión los principales imputados en el "caso Gürtel." Al menos por un par de décadas, Garzón era un estandarte en la defensa de los derechos humanos. En 1998 su figura alcanzaba la palestra internacional tras ordenar la aprehensión de Augusto Pinochet. Fracasaría Garzón, pero su despacho en la Audiencia Nacional de España parecía ser la defensoría y fiscalía para atender cuantas denuncias fuesen posibles en torno a los crímenes de lesa humanidad. Toda exigencia parecía tener acogida ahí, desde las de las Madres de Plaza de Mayo hasta las Muertas de Juárez. En la apasionada biografía que Pilar Urbano le dedicó a Garzón, el hoy magistrado inhabilitado sostenía:

“¿Juez temeroso? No. En el momento en que un juez tenga miedo de sus propias decisiones ha de abandonar la carrera porque … ya está prevaricando. Si deja de aplicar una ley justa, por temor a que le critiquen, a que le persigan, a que le difamen, a que perturben su vida privada, a que le maten … ese juez está mediatizado, ese juez ya es parcial: su miedo es su parte.”[1]

Esos eran los estándares que se proponía el nacido en Torres, Jaén (1955). Esos fueron los estándares que terminó por violentar, y hoy el Tribunal Supremo ha resuelto que Garzón cometió el delito de prevaricación, es decir, dictar una resolución a sabiendas de que es injusta (artículo 446 del Código Penal español). A raíz de tal sentencia, en un comunicado de prensa, Garzón declaró: “He trabajado contra el terrorismo, el narcotráfico, los crímenes contra la humanidad y la corrupción. Lo he hecho siempre con la ley en la mano y en unión de fiscales, jueces y policía.”[2] Sin embargo, en el “caso Gürtel” el hoy magistrado inhabilitado, ordenó la ilegal intervención de las comunicaciones telefónicas entre los procesados y sus abogados, algo que de manera excepcional, sólo es permitido en España en los casos de terrorismo. En efecto, Garzón no tuvo miedo de sus propias decisiones, no obstante que éstas implicaran violentar garantías inherentes al debido proceso. Garzón terminó pues, por estar mediatizado, por ser parcial.

Quedan pendientes dos procesos, siendo el más sonoro el del presunto delito de prevaricación en la Instrucción de la denominada causa contra los crímenes del franquismo. Una Instrucción que excede a la imaginación de Kafka, y que reabre una serie de heridas que había intentado sanar la Ley de Amnistía de 1977. El 16 de octubre de 2008, Garzón decidió abrir causa general a la Guerra Civil y el franquismo, en apariencia con fundamento en la Ley de la Memoria Histórica de 2007. Un par de años antes, el propio Garzón escribió: “Las víctimas, tan manoseadas por tantos, tan utilizadas políticamente por todos, quedaron, de nuevo solas y desamparadas. Son seres molestos que han cometido el terrible delito de existir para recordar la miseria humana.”[3] Se refería a las víctimas de Pinochet, pero como con las palabras dichas a la Urbano, Garzón se encuentra de nuevo en franca contradicción, puesto que en su defensa él ha pedido el testimonio de descendientes de víctimas del franquismo. En su Instrucción, el propio Garzón se negó a abrir la investigación a otras causas que implicaron crímenes de guerra durante la trágica conflagración fratricida de 1936 a 1939, como fue el caso de la masacre de Paracuellos. Además, con su principal victimario vivo e impune: Santiago Carrillo. Al final, Garzón fue parcial, incluso con las víctimas.

El hoy inhabilitado magistrado estaba desarrollando una incansable carrera de conferenciante, enarbolando siempre la noble causa de una jurisdicción universal. En uno de sus abundantes prólogos, Garzón afirmaba: “(…) el camino hacia la justicia universal es largo, y más lento que la velocidad de los misiles y las bombas, pero al final triunfará sobre quienes se empeñan en hacer este mundo inhabitable (…).”^{^[4]} Y tal camino, cuyos anhelos hoy se han plasmado en el Estatuto de la Corte Penal Internacional, parece ser la balsa de salvación del hoy náufrago jurista, si es que cuenta con la credibilidad suficiente, al menos para quienes confiamos en la equidad procesal, la garantía del debido proceso y los derechos de las víctimas.

[1] GARZÓN, Baltasar, cit. por URBANO, Pilar, GARZÓN: El hombre que veía amanecer, PLAZA & JANÉS, Barcelona 2001, p. 13.

[2] Garzón “rechaza” la condena del Supremo y anuncia que recurrirá, ABC, En: http://www.abc.es/20120209/espana/abci-garzon-supremo-recurrir-201202092052.html

[3]GARZÓN, Baltasar, Un mundo sin miedo, CÍRCULO DE LECTORES, Barcelona 2005, p. 199.

[4]GARZÓN, Baltasar, “El largo camino hacia la justicia universal,” Prólogo en Et.al. Crímenes de Guerra, DEBATE, Barcelona 2003, p. 21.

UN FESTEJO FUERA DE LUGAR

2012-01-09T09:10:00.000-08:00

Como si de un juego de fútbol se tratase, algunos activistas pro-vida celebraron las resoluciones del pleno de la Suprema Corte de Justicia, sobre la constitucionalidad de la protección de la vida desde el momento de la concepción hasta la muerte natural en las constituciones locales de Baja California y San Luis Potosí. Un festejo curioso, desde “canonizaciones” en vida a determinado ministro, a “condenas”, también en vida, a cierta ministra. Pero, ¿había qué festejar? ¿Se festejaría, en efecto, como cuando aquél Seleccionado Sub 17 del Mundial de Fútbol ganó la copa? Una resolución de la Corte se analiza, y se analiza con la seriedad y rigor que reclama su trascendencia, y se analiza, además, con la sensibilidad social que el tema exige.

Los casos abordados fueron las siguientes: Acción de Inconstitucionalidad 11/2009 “1. Derecho a la vida. Si la Constitución Federal lo protege desde el momento de la concepción; 2. Derecho a la vida. Alcances de la declaración interpretativa formulada por el Estado Mexicano respecto del artículo 4.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 3. Derecho a la vida, Si los Congresos locales tienen competencia para determinar en qué momento debe protegerse; 4. Derecho a la vida. La intensidad de su protección en proporción al desarrollo del Individuo; 5. Derecho a la vida, Su protección desde el momento de la concepción y su vinculación con la pena privativa de libertad; 6. Derecho a la vida. Examen de la racionalidad del artículo 7° de la Constitución del Estado de Baja California, en cuanto lo protege de forma absoluta; 7. Derechos fundamentales. Competencia de las legislaturas locales para reconocer, ampliar o crear derechos humanos; 8. Derechos fundamentales. Su naturaleza contramayoritaria; 9. Derechos fundamentales. Si es conforme a la Constitución Federal que la Constitución del Estado de Baja California disponga del concepto de persona, modificado las condiciones de su titularidad; 10. Derechos fundamentales. Límites mínimos y máximos para su protección en los ordenamientos locales.” Y la Acción de Inconstitucionalidad 11/2009 “1. Derecho a la vida. Si el producto de la concepción califica como persona en sentido normativo de acuerdo con la Constitución Federal; 2. Derecho a la vida. Si la Constitución Federal lo protege desde el momento de la concepción; 3. Derecho a la vida. Alcances de la declaración interpretativa formulada por el Estado Mexicano respecto del artículo 4.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 4. Derecho a la vida. Conveniencia de realizar una ponderación entre éste y la libertad reproductiva; 5. Derecho a la vida. Si el artículo 7° de la Constitución Política del Estado de Baja California protege de forma Incondicionada y absoluta al concebido no nacido; 6. Derecho a la vida. Carácter optativo de las normas que regulan su protección desde la concepción; 7. Derecho a la vida. Efectos del artículo 7° de la Constitución Política del Estado de Baja California, respecto de las normas secundarias locales; 8. Derecho a la vida. Relación entre el articulo 7° de la Constitución Política del Estado de Baja California y el artículo 22 del Código Civil Federal; 9. Derecho a la vida. Si su protección incondicionada y absoluta desde el momento de la concepción es constitucional; 10. Libertad reproductiva. Necesidad de que medie un acto de aplicación del artículo 7° de la Constitución Política del Estado de Baja California para estimar que resulta violada; 11. Libertad reproductiva. Si atenta contra ella la protección a la vida desde el momento de la concepción; 12. Derechos fundamentales. Competencia de las Legislaturas locales para reconocer, ampliar o crear derechos humanos, así como establecer las condiciones para su operatividad; 13. Derechos fundamentales. Límites de la facultad de las Legislaturas locales para regularlos; 14. Constitución Federal. Tipos de normas que la integran.”[1]

Como puede verse, la materia de ambos litigios era compleja, y desde luego, controvertida. La defensa del derecho humano a la vida (desde su comienzo, hasta la muerte natural), suele ser ave de tempestades, tanto para los activistas pro-vida como para sus contrarios. Coincido con Juan Masiá quien sostiene que se se debe: “Evitar el dilema entre pro-life y pro-choice. Posturas opuestas pueden coincidir en que el aborto no es deseable, ni aconsejable; hay que unir fuerzas para desarraigar sus causas; nadie debe sufrir coacción para abortar contra su voluntad, y debe mejorarse la educación sexual para prevenirlo.”[2] En efecto, nadie, en su sano juicio, está a favor de la muerte, y menos de un indefenso. Mi postura personal es la defensa de la vida (desde que ésta inicia, es decir, desde la concepción), pero no comulgo con los radicalismos y tampoco me decanto por la penalización, sin más, de la mujer que ha tomado tan grave decisión. En todo caso, hay que replantearse alternativas, en favor del nonato y de la madre. Si se han desencadenado tempestades cada vez que se pretende discutir sobre el aborto, es porque el problema no se ha planteado correctamente, pues las posiciones de un extremo o de otro discuten en la arenan con slogans y frases prefabricadas que terminan por causar una gritería entre sordos. Masía dice, y con razón que “No es fácil el debate sereno entre quienes se atrincheran en un discurso incondicionalmente asertivo y dilemático, incapaz de alternativas al blanco y negro.”[3] Pero más allá de lo sostenido por Masía (algunas de sus tesis son muy discutibles), y de apelar a la serenidad en vez de los radicalismos, no se podían “festejar” las resoluciones de la Corte porque no se trataron de "victorias" de los pro-vida, como tampoco de derrotas de sus antagónicos. Las acciones de inconstitucionalidad fueron desestimadas, de conformidad con el artículo 72 de la Ley Reglamentaria del artículo 105 fracciones I y II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece lo siguiente:

“ARTICULO 72. Las resoluciones de la Suprema Corte de Justicia sólo podrán declarar la invalidez de las normas impugnadas, si fueren aprobadas por cuando menos ocho votos. Si no se aprobaran por la mayoría indicada, el Tribunal Pleno desestimará la acción ejercitada y ordenará el archivo del asunto.”

Y las acciones de inconstitucionalidad en comento fueron desestimadas por votaciones de 4 en contra y 7 a favor. No hubo siquiera una victoria pírrica. Pero, además, los festejos están fuera de lugar, y es que los abogados si ganamos, serían solo batallas, en las que no cabe la vanagloria. En su clásico Decálogo del Abogado, Eduardo J. Couture formuló una máxima perenne:

“IX. Olvida. La Abogacía es una lucha de pasiones. Si en cada batalla fueras llenando tu alma de rencor llegaría un día en que la vida sería imposible para ti. Concluido el combate, olvida tan pronto tu victoria como tu derrota.”[4]

Los festejos además, no caben donde los temas son particularmente sensibles. El debate sobre la defensa al derecho humano a la vida debe darse en coordenadas completamente diferentes: “Si posturas políticamente divergentes son capaces de argumentar así para converger en mínimos comunes, hay esperanza democrática. Si aumenta el parlamentariado, de cualquier afiliación, capaz de convergencia, concordancia plural y respeto a las divergencias, ganará el bien común del país.”[5]

[1] Vid. www.scjn.gob.mx

[2] MASÍA, Juan, “Proponer sin imponer, cuestionar sin condenar”, en EL PAÍS, Madrid 26 de junio de 2009.

[3] MASÍA, Juan, Idem.

[4] COTURE, EDUARDO J., “Decálogo del Abogado” cit. por MARTÍNEZ VAL, José María, Abogacía y abogados (Tipología profesional – Lógica y Oratoria – Deontología jurídica) BOSCH, Barcelona 1999, p. 294.

[5] MASÍA, Juan, Idem

CUANDO NO INTERESA EL INTERÉS SUPERIOR DE LA NIÑEZ....

2012-01-06T15:06:00.000-08:00

Cuando se dictaminaba la reforma constitucional sobre derechos humanos (promulgada el 10 de junio del 2011), habían surgido una cantidad ingente de e-mails que presentaban a la entonces iniciativa como la punta de un iceberg de catástrofes y despropósitos a legalizarse. Una de las críticas más recurrentes era la referente al término “preferencias sexuales” que sería incluido en el párrafo final del artículo primero de la Constitución general. Pero si hubiese que señalar una constante en tales críticas, era la hipótesis consistente en afirmar que la reforma atentaba contra la familia. Es por ello que sorprende el silencio de tales grupos frente a la modificación del artículo cuarto.

El artículo cuarto constitucional en los últimos veinte años ha hecho las veces de un cajón de sastre donde cabe cuanto derecho humano, de segunda y tercera generación, convenga ser declarado. Y hay que subrayar lo de “declarado” ya que como sucede con muchos derechos de segunda y tercera generación, su gran problemática es la exigibilidad. El ejemplo más recurrente es el derecho de toda familia a una vivienda digna, sin quedar claro ni en qué consiste tal vivienda ni a quién se puede reclamar la misma. Pero las palabras contenidas en el texto constitucional no son meros enunciados y se generaran efectos jurídicos. En consecuencia, conviene hacer una aproximación al actual párrafo siete y siguientes del artículo cuarto que tras la reforma del pasado octubre establece lo siguiente:

“En todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos. Los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral. Este principio deberá guiar el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez.

Los ascendientes, tutores y custodios tienen la obligación de preservar y exigir el cumplimiento de estos derechos y principios.

El Estado otorgará facilidades a los particulares para que coadyuven al cumplimiento de los derechos de la niñez.”[1]

Como puede verse a vuelo de pájaro, esta reforma sí incide en relaciones paterno-filiales y por ende, en la institución de la familia. También es de llamar la atención que el Constituyente Permanente buscase precisar qué es el “interés superior de la niñez.” Lo que regularmente, en el lenguaje técnico, se denomina “interés superior del menor” o del niño, implica un conjunto de derechos (el texto dice “necesidades”) como “alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral.” Más allá de que el derecho a la educación es reiterado (recuérdese que desde 1917 éste se ha formulado en el artículo tercero), la novedad, en todo caso, radica en que se especifica a “la niñez” como su titular. Desde luego, esto es coherente con la Convención sobre los Derechos del Niño, de la que el Estado Mexicano es parte. Al respecto, la Convención es muy clara en su artículo 28 que en su párrafo inicial dice:

“Artículo 28

1. Los Estados Partes reconocen el derecho del niño a la educación y, a fin de que se pueda ejercer progresivamente y en condiciones de igualdad de oportunidades ese derecho (…)”[2]

Sin embargo, queda pendiente tanto en el artículo tercero como en esta reforma, el reconocimiento del derecho de los padres a educar a sus hijos, que como bien lo explica Niceto Blázquez es un derecho y deber natural: “Los padres tienen obligación natural de educar lo mejor posible a sus hijos y, por lo mismo, el derecho a seleccionar los educadores (…) pudiendo escoger libremente el contenido de la enseñanza y los educadores.”^[3] Tal derecho ha sido causa de conflictos de gran relevancia en la historia de México. Pero para ciertos grupos de derecha, fue mejor hacer mutis ante esta reforma, quizás porque en octubre de 2011 pocos miraban a largo plazo y eran los más que estaban atentos al presente 2012, año electoral. Está claro que los intereses de estos grupos no encajan con los de la niñez.

[1] Cfr. Diario Oficial de la Federación del 13 de octubre de 2011.

[2] Convención sobre los Derechos del Niño. Adoptada y abierta a la firma y ratificación por la Asamblea General en su resolución 44/25, de 20 de noviembre de 1989. La Convención fue homologada por la Cámara de Senadores el 19 de junio de 1990, lo cual fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el 31 de julio del mismo año.

[3] BLÁZQUEZ, Niceto, Los Derechos del hombre, BAC, Madrid 1980, p. 185.

LOS DESAPARECIDOS NO SON CIFRAS

2011-12-14T15:31:00.000-08:00

“El presidente Felipe Calderón ordenó a las Fuerzas Armadas a buscar <<la manera>> de que sus elementos acusados de violaciones a derechos humanos en la guerra contra la delincuencia sean juzgados por autoridades civiles.

Durante la ceremonia de entrega del Premio Nacional de Derechos Humanos 2011, en la residencia oficial de Los Pinos, anunció siete medidas para reforzar el respeto a los derechos humanos (…) Cumplir las sentencias de la Corte y la Comisión Interamericanas de Derechos Humanos.”^{^[1]}

Las medidas asumidas por la Presidencia de la República no tuvieron la resonancia mediática esperada, pero no por ello es un suceso menor. Hace unos días la portavoz de la Presidencia respondía con mucha estridencia luego de la presentación de una denuncia en la Corte Penal Internacional (CPI)[2]. El pasado viernes 9, el Presidente Calderón pareció asumir una postura proactiva en la promoción de los derechos humanos, pero ¿es así? Que una autoridad instruya guardar y hacer guardar la Constitución, y por tanto, el respeto a los derechos de los mexicanos, es en realidad una reiteración, basta tener presente el deber formulado por el artículo 128 de la Carta Magna. Por ello es natural preguntarse ¿se trata de una especie de “cura en salud” luego de la demanda en la CPI? No del todo, puesto que la demanda posee errores (que van más allá de la forma) que pudieran incidir en su improcedencia. Un error fue el supuesto planteamiento de condiciones de beligerancia dentro del Estado Mexicano. Tal intento es lo que llevó a incluir, entre los demandados, a Joaquín “El Chapo Guzmán. ¿Acaso fue el subterfugio para tratar de demandar a funcionarios por la comisión de crímenes de guerra? Podría serlo, pero en tal demanda como en el Informe de Human Rigths Watch^{^[3]} se han documentado graves hechos violatorios a los derechos humanos, concretamente, desapariciones forzosas. El Ombudsman nacional ha informado que está investigando 500 casos:

“La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) busca el paradero de 2 mil 487 personas desaparecidas, de las que 500 se investigan por desaparición forzada, es decir donde presuntamente intervino un servidor público.”^{^[4]}

Tal declaración fue hecha el pasado 10 de diciembre. Que el Estado Mexicano tiene como tarea pendiente el esclarecimiento de desapariciones forzadas ha sido además demostrado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). El 23 de noviembre de 2009, la CIDH dictó la sentencia del caso CASO RADILLA PACHECO VS. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, en donde resolvió –en parte- lo siguiente:

“El Estado deberá conducir eficazmente, con la debida diligencia y dentro de un plazo razonable la investigación y, en su caso, los procesos penales que tramiten en relación con la detención y posterior desaparición forzada del señor Rosendo Radilla Pacheco, para determinar las correspondientes responsabilidades penales y aplicar efectivamente las sanciones y consecuencias (…) El Estado deberá continuar con la búsqueda efectiva y la localización inmediata del señor Rosendo Radilla Pacheco o, en su caso, de sus restos mortales (…)”^{^[5]}

El Presidente Calderón sólo ha reiterado lo que es un deber que el Estado Mexicano asumió desde el 24 de febrero de 1999^{^[6]}, es decir, el haber reconocido la competencia contenciosa de la CIDH. Algo más: las desapariciones forzadas son crímenes de lesa humanidad y la CNDH ha documentado, sólo en el 2011, 129 casos de desapariciones. Debe tenerse presente “que la desaparición es una noción más compleja que comprende varios crímenes (…) incluidos la detención ilegal, la negación del debido proceso y la prohibición de toda comunicación entre la persona arrestada y el mundo exterior. A menudo implica la tortura, los tratos crueles e inhumanos, y muy a menudo también el asesinato.”^{^[7]}

[1] ROCHA Erika, “A juicios civiles, militares que violen garantías,” en LA RAZÓN del 10/11 de diciembre de 2011, http://www.razon.com.mx/spip.php?article102309

[2] Vid. No se procederá en contra de quienes critican al Ejecutivo: Sota. Milenio Diario 29 de noviembre de 2011. http://www.milenio.com/cdb/doc/noticias2011/abe9722ca78ca28e1ac55eff97445d3c

[3] Vid. Informe: “Ni Seguridad, Ni Derechos: Ejecuciones, desapariciones y tortura en la ‘guerra contra el narcotráfico’ de México” en http://www.hrw.org/es/reports/2011/11/09/ni-seguridad-ni-derechos

[4] GÓMEZ QUINTERO, Natalia, “Busca la CNDH a 2 mil 500 personas” en El UNIVERSAL del 11 de diciembre de 2011, http://www.eluniversal.com.mx/primera/38339.html

[5] CASO RADILLA PACHECO VS. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, SENTENCIA DE 23 DE NOVIEMBRE DE 2009, (Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas), CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS, en http://www.corteidh.or.cr/casos.cfm?idCaso=330

[6] DECLARACIÓN DE MÉXICO PARA EL RECONOCIMIENTO DE LA COMPETENCIA CONTENCIOSA DE LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 24 de febrero de 1999 (Fe de erratas DOF 25 de febrero de 1999)

[7] DUFKA, Corinne, voz “Desapariciones,” en V.V. A.A., Crímenes de Guerra, DEBATE, Barcelona 2003, p. 166.

Vísceras y Corte Penal Internacional

2011-12-06T01:52:00.000-08:00

“Laurent Gbagbo, arrestado por la Corte Penal Internacional.” Este trascendente titular en la gran mayoría de los medios de comunicación internacionales, de manera desafortunada, ha pasado desapercibido en México. Quizás porque para muchos, aquí no es nota que el ex jefe de estado de Costa de Marfil, sea juzgado por crímenes de lesa humanidad ante el tribunal constituido por el Estatuto de Roma. O quizás, porque unos días antes, se denunciaba al presidente mexicano Felipe Calderón Hinojosa (entre otros) ante la misma instancia. Seguramente una denuncia como esa no hubiera tenido la resonancia hoy conocida si no diese la acalorada respuesta de la portavoz de la presidencia de la república[1]. Para muchos analistas, el escrito presentado ante el fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI) es producto de siniestras intenciones políticas (máxime si se tiene en cuenta de que se da en la antesala de un electoral año 2012), y que por ello, la respuesta debía ser política. Pero enfocar este suceso como meramente anecdótico, no es quizás lo más conveniente. Dada la gravedad de los hechos expuestos, Luis Moreno Ocampo, fiscal de la CPI, ha comenzado a indagar en torno a ellos, como también lo está haciendo respecto de una denuncia contra el presidente de Venezuela, Hugo Chávez.

Como suele suceder, la semana pasada han abundado las opiniones “expertas” sobre la CPI, y las distinciones entre crímenes de guerra y “simples” delitos. Algunos han escrito sobre los históricos procesos de Núremberg o han hecho un recuento de tiranos, sátrapas y genocidas de la historia contemporánea. También han proliferado opiniones, casi dogmáticas, tendientes a descalificar al escrito presentado en la Haya por el Maestro en Derecho Constitucional Netzaí Sandoval Ballesteros. Incluso con sorna, muchas voces se han referido a las 23 mil firmas que soportan la denuncia, como los “abajofirmantes” y en el extremo, han habido columnistas que los han calificado como “tontitos”, “loquitos” e incontrolados[2]. Pero una reflexión jurídica (salvo honrosas excepciones), sí que se echa de menos.

Si bien es cierto que los procesos que se llevaron a cabo en Núremberg entre los años de 1945 y 1949, son un antecedente de la actual Corte Penal Internacional, debe admitirse que han evolucionado tanto el Derecho Internacional humanitario como el Derecho Internacional de los Derechos humanos. Desde 1998, la gran mayoría de las naciones civilizadas aprobaron el Estatuto de la Corte Penal Internacional, que resultó la más alta expresión de las aspiraciones por una jurisdicción universal, aspiraciones que fueron cultivadas desde el siglo XVI, destacando en tal itinerario nombres como los de Francisco de Vitoria, Domingo de Soto, Hugo Grocio o Emmanuel Kant. Luego de las tragedias humanitarias reveladas tras la conclusión de la Segunda Guerra Mundial, la fundación de la Organización de las Naciones Unidas obedeció a la necesidad de tutelar todos y cada uno de los derechos emanados de la común dignidad de la persona, y eso incluso por encima de los estados nacionales, que como la historia lo había evidenciado, se habían volcado contra sus propios gobernados. La búsqueda de una jurisdicción internacional obedeció, pues, a evitar la indefensión de toda persona frente a estados totalitarios o de cualquier acto que implicase un abuso de poder. Luego de los tribunales ad-hoc para conocer de crímenes de guerra, genocidios y crímenes de lesa humanidad, tanto de Rwanda como de la ex Yugoslavia, la creación de la CPI fue un triunfo de la seguridad jurídica internacional. Hoy día se cuenta con un tribunal que es competente para conocer de los “crímenes más graves de trascendencia para la comunidad internacional en su conjunto.”[3] Que a saber son: El crimen de genocidio; los crímenes de lesa humanidad; los crímenes de guerra y el crimen de agresión. Teniendo claro que la denuncia no informa acerca de crímenes de guerra (porque no es el caso de México), conviene detenerse en los denominados crímenes de lesa humanidad. El Estatuto de Roma los define en los siguientes términos:

“1. A los efectos del presente Estatuto, se entenderá por “crimen de lesa humanidad” cualquiera de los actos siguientes cuando se cometa como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil y con conocimiento de dicho ataque:

a) Asesinato;

b) Exterminio;

c) Esclavitud;

d) Deportación o traslado forzoso de población;

e) Encarcelación u otra privación grave de la libertad física en violación de normas fundamentales de derecho internacional;

f) Tortura;

g) Violación, esclavitud sexual, prostitución forzada, embarazo forzado, esterilización forzada o cualquier otra forma de violencia sexual de gravedad comparable;

h) Persecución de un grupo o colectividad con identidad propia fundada en motivos políticos, raciales, nacionales, étnicos, culturales, religiosos, de género definido en el párrafo 3, u otros motivos universalmente reconocidos como inaceptables con arreglo al derecho internacional, en conexión con cualquier acto mencionado en el presente párrafo o con cualquier crimen de la competencia de la Corte;

i) Desaparición forzada de personas;

j) El crimen de apartheid;

k) Otros actos inhumanos de carácter similar que causen intencionalmente grandes sufrimientos o atenten gravemente contra la integridad física o la salud mental o física.”[4]

La denuncia, encabezada por Sandoval Ballesteros, expone más de 300 desapariciones forzadas (que además han sido documentadas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, CNDH), cientos de torturas imputables a elementos de las Fuerzas Armadas y de la Policía Federal, violaciones, cateos ilegales y un escalofriante etcétera de violaciones a los derechos humanos. Tales hechos también han sido documentados por la organización internacional Human Rights Watch en el informe “Ni Seguridad, Ni Derechos: Ejecuciones, desapariciones y tortura en la guerra contra el narcotráfico’ de México” que ha sido publicado el 9 de noviembre del presente año[5].

Muchos de los críticos de la denuncia, la descalifican de plano, por el absurdo de haber mencionado, entre los presuntos criminales, a Joaquín el “Chapo” Guzmán. En efecto, un particular no viola derechos humanos, pero esto no ha descalificado del todo, los graves hechos ahí informados, basta tener presente que el 30 de noviembre, Luis Ocampo Moreno declaró que ha iniciado con las indagatorias respectivas. Esto habrá que tomárselo muy en serio.

[1] “Debe quedar muy claro, el Gobierno Federal no procederá en contra de personas que critican las políticas públicas y las decisiones del Ejecutivo Federal, pero sí tiene el derecho de defenderse en todas las instancias, tanto nacionales como internacionales, de las acciones, precisamente que haya emprendido el Gobierno Federal, insisto, para defender a los ciudadanos de los criminales.” De la entrevista de Alejandra Sota con Joaquín López Dóriga, en Radio Fórmula. Vid. No se procederá en contra de quienes critican al Ejecutivo: Sota. Milenio Diario 29 de noviembre de 2011. http://www.milenio.com/cdb/doc/noticias2011/abe9722ca78ca28e1ac55eff97445d3c

[2] Vid. ALEMÁN, Ricardo, De “loquitos” y “tontitos”, en Excelsior, 4 de diciembre de 2001, vid. http://www.excelsior.com.mx/index.php?m=nota&seccion=opinion&cat=11&id_nota=790074

[3] Fragmento del artículo 5º del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia, http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N98/241/88/PDF/N9824188.pdf?OpenElement

[4] Estatuto de la Corte Internacional de Justicia, Artículo 7º “Crímenes de lesa humanidad” http://www.un.org/spanish/law/icc/statute/spanish/rome_statute(s).pdf

[5] http://www.hrw.org/es/reports/2011/11/09/ni-seguridad-ni-derechos

Los derechos humanos en la Constitución I

2011-11-15T14:06:00.000-08:00

@mareoflores, es un usuario de la red social Twitter, cuya fama se disparó al ser vejado por funcionarios de la PGR el pasado 13 de noviembre. Mario Flores Vargas (nombre real del usuario) había escrito en la popular red del pajarito, lo que él calificó como un “chistecito” al hacer alusión a la trágica muerte de Juan Camilo Muriño. La PGR consideró que la “graciosa” frase podría ser una pista para alguna de las líneas de investigación abiertas en torno a la muerte del secretario de Gobernación Francisco Blake[1]. Alrededor de 12 horas, Mario Flores estuvo privado de su libertad y mientras aclaraba que su comentario sarcástico era sólo una desafortunada casualidad, se fue desgranando un rosario de hechos violatorios a sus derechos humanos. Más allá de lo anecdótico, o de la nota que pudo generar para el beneplácito de muchos comunicadores, el proceder de la PGR es alarmante… o debería de serlo.

Días antes (el 9 de noviembre) la organización internacional Human Rights Watch había publicado un informe intitulado como “Ni Seguridad, Ni Derechos: Ejecuciones, desapariciones y tortura en la ‘guerra contra el narcotráfico’ de México.”[2] La reacción de la Presidencia de la República sorprendió al afirmar lo siguiente: "La principal amenaza para los derechos humanos de los mexicanos son los criminales. Son ellos quienes mediante la comisión de delitos agraviantes, como homicidio, el secuestro y la extorsión violan de manera sistemática las garantías fundamentales."[3]

A bote pronto, parece una respuesta sensata, puesto que a todos nos afectan e indignan los delitos cometidos por la delincuencia organizada. Pero, precisamente, esas conductas ilegales e ilícitas (homicidio, secuestro y extorsión, entre otros) son tipificadas por el derecho penal como delitos y no como violaciones a los derechos humanos. El delito in génere es definido como “(…) acción u omisión ilícita y culpable expresamente descrita por la ley bajo la amenaza de una pena o sanción criminal.”[4] En todo caso, los derechos humanos (human rights) son “(…) los derechos fundamentales –basic rights- de los ciudadanos del mundo –world citizens-, que deben ser respetados por todos los gobiernos (…)”[5] Por consiguiente, debe precisarse que son los gobiernos los que violan los derechos humanos, no los particulares. Eso sí, tratar de descifrar lo de “garantías fundamentales” es enredarse en una madeja lingüística sin sentido, pero que en todo caso pone en evidencia una realidad: No parece que el titular del Poder Ejecutivo tenga claro qué son los derechos humanos. Esto es muy grave, especialmente a la luz de la reforma constitucional que ha sido promulgada el 10 de junio del presente año, ya que en ésta se ha establecido en el párrafo primero del artículo 1 constitucional lo siguiente:

"Artículo 1o. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece."[6]

El Constituyente permanente o Poder revisor, ha superado el ambiguo término “garantías individuales” que había legado el Constituyente de 1917. Algo más, ahora la defensa de los derechos humanos no se constriñe al texto de la Constitución general, sino que amplía su espectro al Derecho Internacional de los Derechos humanos vigente en el derecho mexicano. Esto empata con lo que hace unos años había advertido Miguel Carbonell, es decir, que el constitucionalismo ha evolucionado y que sus paradigmas han cambiado.[7] En suma,“a whole new ball game” como suelen decir los angloparlantes.[8]

Es contundente: El Derecho constitucional mexicano ha cambiado luego de la reforma del 10 de junio del presente año. En principio, la justicia constitucional no volverá a ser igual, así lo ha reconocido la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación en el acuerdo general 9/2011 que ha implicado la integración de una nueva época jurisprudencial (de hecho, ha iniciado el pasado 4 de octubre).[9] Esta será la grave materia que ocupará algunos de estos espacios, y que espero invite a una larga y enriquecedora conversación.

[1] “Argumenta PGR detención de tuitero por accidente de Blake.” En: http://www.milenio.com/cdb/doc/noticias2011/0249b7cd3a3d9540adb56c146bc71f90

[2] Vid. http://www.hrw.org/sites/default/files/reports/mexico1111spwebwcover.pdf

[3] Vid. http://www.presidencia.gob.mx/2011/11/reunion-con-directivos-de-la-organizacion-human-rights-watch/

[4] BUNSTER, Álvaro, voz “Delito,” en V.V.A.A., Diccionario Jurídico Mexicano, T II, Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM-PORRÚA, México 2009, p. 1035

[5] CAMPOS, Miguel Ángel, Diccionario de los términos de Derechos humanos (Inglés-Español/Spanish-English), ARIEL, Madrid 2008, p. 89

[6] Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio de 2011

[7] Cfr. CARBONELL, Miguel, “Nuevos tiempos para el constitucionalismo”, prólogo de V.V.A.A., Neoconstitucionalismo (s), TROTTA, Madrid 2005, p. 9

[8] “Un juego de pelota totalmente diferente”. N. del A.

[9] ACUERDO GENERAL NÚMERO 9/2011, DE VEINTINUEVE DE AGOSTO DE DOS MIL ONCE, DEL PLENO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN